El Juzgado de Instrucción nº 2 de Icod ha solicitado la apertura de juicio oral en el caso del proyecto de la residencia de discapacitados de Buenavista del Norte. En él están encausados el vicepresidente del Cabildo y exalcalde del municipio, el socialista Aurelio Abreu, así como el secretario municipal, Francisco Javier Bardón, por un supuesto delito de prevaricación al asignar presuntamente a dedo la redacción del citado proyecto.
Según recogen este jueves Diario de Avisos y La Opinión de Tenerife, el auto del Juzgado tiene fecha del pasado 5 de diciembre a raíz del escrito de la Fiscalía, presentado en agosto, en el que solicitan 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Abreu y Bardón.
La acusación popular, iniciada por Sí se puede cuando este grupo accedió a la Alcaldía de Buenavista en 2011, solicita también para los acusados el delito de malversación de fondos públicos.
Según el Ministero Público Aurelio Abreu adjudicó en 2006 «de un modo directo»la redacción del proyecto de la residencia de discapacitados a Cuende y Gutiérrez Asociados, una sociedad del exconcejal socialista del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y compañero de partido Ramiro Cuende. El Gobierno de Canarias había concedido a Buenavista una subvención de 162.000 euros para la redacción del proyecto. Como alcalde, Aurelio Abreu adjudicó la labor al despacho de Cuende por 270.000 euros, de los cuales 160.000 procedían de la subvención regional.
Respecto a Francisco Javier Bardón, la Fiscalía pide la pena por prevaricación administrativa en comisión por omisión, ya que “omitió deliberadamente” su obligación de formular reparo, “advirtiendo de la flagrante y grosera ilegalidad del pago que se pretendía ordenar”.
En declaraciones a ambos periódicos, Aurelio Abreu se ha limitado a señalar que «todavía no se ha resuelto el recurso de apelación que se presentó en la Audiencia Provincial con respecto a este procedimiento, por el que se solicita el sobreseimiento y archivo», asegurando que, por tanto, aún no se puede celebrar el juicio.
El artículo 5.2 del Código Ético del PSOE señala que «cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido». Así, el partido tendrá que decidir el destino del vicepresidente del Cabildo de Tenerife, cuyo nombre suena para concurrir en la lista insular al Parlamento de Canarias.