La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Icod de los Vinos la apertura de juicio oral contra el exalcalde de Buenavista de Norte, Aurelio Abreu, y el secretario del Ayuntamiento, Francisco Javier Bardón, por un presunto delito de prevaricación administrativa sobre la adjudicación del proyecto de la residencia de discapacitados en 2006.

Como señala La Opinión de Tenerife, el Ministerio Público remitió en septiembre el escrito de calificación, dos años después de que haberlo solicitado la jueza. En él, la Fiscalía solicita la apertura de juicio oral y pide ocho años de inhabilitación especial para el actual vicepresidente del Cabildo por hallar indicios de una «clamorosa y deliberada elusión de la normativa».

La Fiscalía ve indicios de una «clamorosa y deliberada alusión de la normativa»

En 2006, Abreu adjudicó «de un modo directo» la redacción del proyecto de la residencia de discapacitados a Cuende y Gutiérrez Asociados, una sociedad del exconcejal socialista del Ayuntamiento de Santa Cruz  de Tenerife y compañero de partido Ramiro Cuende. El Gobierno de Canarias había concedido a Buenavista una subvención de 162.000 euros para la redacción del proyecto. Como alcalde, Aurelio Abreu adjudicó la labor al despacho de Cuende por 270.000 euros, de los cuales 160.000 procedían de la subvención regional.

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En el escrito, la Fiscalía dice que encomendó el servicio «a unos determinados arquitectos, con exclusión de cualquier otro, y con la clamorosa y deliberada alusión de la normativa en materia de contratación administrativa», destacando que el alcalde, «por su cargo y su experiencia, no podía desconocer» que la ley obliga a sacar la redacción del proyecto a concurso tratándose de una cantidad tan elevada.

Petición de inhabilitación también para el secretario

El fiscal también solicita ocho años de inhabilitación para el secretario-interventor del Ayuntamiento, Francisco Javier Bardón, por presunta prevaricación administrativa en comisión por omisión, ya que «omitió deliberadamente» su obligación de formular reparo, «advirtiendo de la flagrante y grosura ilegalidad del pago que se pretendía ordenar».

Preguntado por DAUTE DIGITAL, Aurelio Abreu se ha limitado a asegurar que tiene «la conciencia tranquila» y está a la espera de que se resuelva el recurso presentado en 2016 ante la Audiencia Provincial contra el auto de transformación en procedimiento abreviado.

«Alivio» en Sí se puede

Desde Sí se puede, personado como acusación particular, su portavoz cree que la decisión de la Fiscalía «ha sido como la guinda del pastel», pero no entiende cómo se ha tardado dos años en resolverse. «Me siento aliviado porque el proceso camine; seguimos diciendo que realmente el perjudicado ha sido el Ayuntamiento porque era un proyecto que queríamos desarrollar y no pudimos hacerlo», asegura Antonio González, añadiendo que, «a día de hoy, está terminando el mandato y no se ha podido trabajar más allá de eslóganes y manifestaciones públicas».

Por defender a su líder, el PSOE lo ha negado hasta la saciedad

El exalcalde, que denunció el caso en julio de 2012, recuerda que Sí se puede «ha recibido bastante caña en los medios de comunicación por el retraso del proceso, también en corrillos de opinión pública», en los que acusa al PSOE de Buenavista de decir que se trataba de una venganza de los ecosocialistas «por defender a su líder».

«Al final, nos han dado la razón muchos años después, que el concurso no se había hecho como se debía, y eso lo decíamos de manera tranquila, sin hacer pronunciamientos en prensa demasiados sensacionalistas», apunta.

Antonio González, portavoz de Sí se puede en el Ayuntamiento de Buenavista

Sí se puede respeta la presunción de inocencia de los dos investigados, pero también señala que el PSOE «ha demostrado desde el principio un desprecio absoluto hacia la gravedad que significa que la redacción de un proyecto que nunca se tasó se pagase y el Ayuntamiento no se asegurara de que el trabajo se realizase».

Antonio González lamenta que el pueblo se haya visto, a su juicio, perjudicado. «Hemos perdido una cantidad de recursos tremendos y un proyecto bandera. El trabajo realizado por el Centro Ocupacional Isla Baja lleva años siendo un ejemplo y la residencia de discapacitados era el final del trabajo», para que los usuarios del Centro siguiesen viviendo en su pueblo en el futuro.

Codirector de DAUTE DIGITAL y redactor en COPE Canarias. Grado en Periodismo por la Universidad de La Laguna y Máster en Innovación en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche.

1 comentario

  1. El Sr abreu,cree estar por encima del bien y el mal,para estos personajes,acostumbrados a «campear» a sus anchas por donde les da la gana,la ley es un instrumento más que creen pueden manejar y cambiar a su favor. Acostumbrado a manipularlo todo,instituciones y personas,tal es el caso de los diferentes alcaldes del psoe de la comarca,vende al diablo su alma,por estar sentado en la poltrona del poder,vendió su alma a coalición canaria y la puede vender a cualquier diablo politico,lo que le interesa es seguir siendo el «New cacique» de la comarca del noroeste.
    La justicia haría un gran favor al progreso social y politico de esta comarca si hace desaparecer a este «New cacique» de la politica.