La empresa pública Puertos Canarios pagó en 2013 más de medio millón de euros adicionales a las empresas que realizaron las obras del puerto deportivo y pesquero de Garachico, más de un año después de que se inaugurase la infraestructura.
Se trata de una información desvelada por Mírame Televisión, que recoge los informes de la Intervención General de la Comunidad Autónoma remitidos al Tribunal de Cuentas.
Según informa este medio, ese pago de 502.300 euros se realizó por la revisión de precios tras la factura presentada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria de la obra —integrada por Comsa, CYES y Satocan—, sin el procedimiento legal y sin haberse realizado la liquidación definitiva del muelle, algo que detectaron las audotías externas que fiscalizan a Puertos Canarios.
Ese pago se produjo en agosto de 2013, siendo director-gerente de Puertos Canarios Juan José Martínez y consejero de Obras Públicas Domingo Berriel, ambos de Coalición Canaria.
Mírame Televisión relata que en 2017 ya se abrió un expediente de reintegro por parte de la entidad pública, pero las empresas de la UTE se opusieron y ese procedimiento caducó. Dos años después, en septiembre de 2019, la Intervención General de la Comunidad Autónoma elevó al Tribunal de Cuentas un informe advirtiendo de que todavía no se había devuelto el dinero, obligando a Puertos Canarios a realizar un nuevo procedimiento en diciembre.
Puertos Canarios ha confirmado a DAUTE DIGITAL que están a la espera de un nuevo pronunciamiento de las empresas que formaban la UTE para la construcción del puerto, ya que el plazo todavía no ha caducado. En caso de que vuelvan a recibir una respuesta negativa, el pleito se tendrá que dirimir en los tribunales.
El alcalde de Garachico, Heriberto González, que ya estaba en el cargo cuando se inauguró el puerto, ha asegurado desconocer esta situación. «Evidentemente, el Ayuntamiento no participó en esa obra ni tiene que ver con nada eso», ha señalado a este digital, confiando en que «lo solucionen».
El riesgo de que la situación se judicialice, según advirtió la interventora, es que los directores y gestores que ordenaron ese pago en 2013, tengan que asumir el reintegro de los mismos a Puertos Canarios como indemnización, según recoge Mírame Televisión.