La residencia de ancianos de El Tanque comenzó a construirse en 1997. 20 años después se materializó su apertura. Sin embargo, la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife denunciaba al actual alcalde tanquero, Román Martín, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y exacciones ilegales relacionados con la apertura de esta infraestructura.
El cruce de declaraciones y de acusaciones entre Román Martín y el exalcalde, ex compañero de partido de Martín y actual líder de la oposición con Nueva Canarias, Pablo Estévez, se ha sucedido durante estos días en la prensa y también en las redes sociales.
Estévez era alcalde cuando comenzaron las obras en 1997
Ambos conocen el tema ya que Román Martín ha abierto la instalación recientemente, definiéndola como una demanda histórica en el municipio, y Estévez era alcalde cuando comenzaron las obras de la residencia en 1997.
Según Román Martín, Pablo Estévez, siendo alcalde en 1997, “cedió y regaló la parcela a una fundación en quiebra”. Martín habla de la Fundación de Mayores de Canarias (FEMAC), “un organismo que poseía innumerables embargos procedentes de la Seguridad Social y de Hacienda Estatal, entre otros, sin embargo y a pesar de ese historial decidió regalar irresponsablemente dicho solar ocasionando la pérdida de un edificio estratégico desde el punto de vista social y económico”, añade el primer edil tanquero.
De hecho, en abril de 2010 se hacía público este embargo en El Día: la Tesorería General de la Seguridad Social lo hizo por una deuda de la FEMAC de más de 200.000 euros.
20 años después del inicio de la obra, Román Martín abría el centro en enero de este año. Cuatro meses después, una denuncia de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en duda la legalidad del centro y ha advertido al alcalde de haber cometido, presuntamente, “delitos de prevaricación administrativa y exacciones ilegales relacionados con la apertura” de la instalación.
Persecución política
Román Martín achaca este hecho a una persecución política: “en el Ayuntamiento no consta ningún informe desfavorable por parte de la Oficina Técnica hasta el año 2016, cuando a raíz de la convocatoria de una plaza de funcionario para cubrir la plaza de arquitecto municipal (…) comienza una campaña política y judicial contra mi persona para evitar la convocatoria de esa plaza, obstaculizando la gestión del gobierno local y presentando denuncias ante el juzgado para impedir la apertura de un servicio hasta ahora inédito en nuestra localidad”, escribe en su perfil de Facebook.
No obstante, la Fiscalía argumenta que Martín puso en marcha la apertura del centro “a sabiendas de que esa edificación carecía de Certificación Final de Obras, por no haberse ejecutado las obras de refuerzo estructural previstas por el arquitecto, y sin que se hubiera incoado expediente administrativo para su apertura con los preceptivos trámites legales, encaminados al otorgamiento de la preceptiva licencia”.
Lo cierto es que la figura del arquitecto municipal aparece en varias cuestiones judiciales del consistorio tanquero tras su despido, avalado según el alcalde socialista por los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
Por su parte, Nueva Canarias El Tanque también ha hecho declaraciones a la prensa mediante su portavoz Pablo Estévez, y en sus redes sociales: “si se les promete a nuestros mayores y a sus familias la apertura de unos centros y unos servicios con las condiciones de seguridad y prestaciones que establece la legislación, no se les puede engañar abriendo esos centros de cualquier forma (por ejemplo, sin dispositivos contraincendios, sin personal con la cualificación profesional que exige la legislación, etc.), aprovechándose de su necesidad de ayuda y encima, cobrarles como si estuvieran recibiendo el máximo de prestaciones”, publican.
El Ejecutivo canario no ve motivos para cerrarlo
El Gobierno de Canarias se ha pronunciado al respecto en el periódico El Día. El viceconsejero de Políticas Sociales, Francisco Candil, no encuentra motivos para dar orden de cerrar el centro de mayores de El Tanque.
Según ha dicho Candil “se han detectado algunos incumplimientos fácilmente subsanables en materia de personal y de elementos para la extinción de incendios”. Sin embargo, sí que hace alusión a la falta de respuesta del consistorio ante el informe emitido por la Viceconsejería y a la inexistente comunicación entre entidades públicas ante la puesta en marcha de un centro de estas características.