El juicio contra el todavía alcalde de El Tanque, Román Martín (ex PSOE), ha quedado este jueves visto para sentencia tras la segunda y última jornada de la vista oral en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. La Fiscalía ha pedido 14 años de inhabilitación especial por un presunto delito continuado de administración administrativa (cuatro más que lo planteado en la instrucción, para adaptarlo a la ley), mientras que la defensa ha solicitado la absolución.
Por delante del tribunal han pasado el resto de trabajadores que fueron contratados por el Ayuntamiento de El Tanque en 2015. Como en la jornada del miércoles, la mayoría de los testigos han asegurado que dejaron su currículum en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local (AEDL). Una de ellas reconoció haber hablado con su tía, la por entonces concejala María de la O Lorenzo, pero en sus condición de edil, no por parentesco. Otra de ellos dijo que Román Martín le informó que están buscando una trabajadora para la escuela infantil. «Hablé con su momento con el alcalde, le dije que necesitaba trabajo y él me dijo que dejara los datos en planta baja», añadió otra testigo, admitiendo que no pasó ninguna prueba para acceder al puesto.
En su declaración, Martín se escudó en que las nueve contrataciones eran «absolutamente excepcionales». Ese fue el principal argumento esgrimido ante el juez. Aseguró que la Ley de Presupuestos Generales del Estado permite a los ayuntamientos acogerse a una causa de excepcionalidad para contratar sin los procedimientos ordinarios y que ese era el caso de El Tanque. «Si hoy me quedo sin personal y mañana necesito seguir aplicando el servicio… no puedo dejar a la gente sin ese servicio», señaló.
El alcalde negó que fuese él quien decidiera los nombres de los contratados, aunque los conocía por ser un pueblo pequeño: «Los llamaba personalmente una vez acababa la selección para comentarles cuáles eran sus trabajos, pero la selección la hacía la AEDL; yo solo me reunía con los concejales, que me manifestaban las necesidades que tenían los servicios municipales».
Quizás la secretaria no entendía que se trataban de servicios esenciales
Lo que no pudo responder Román Martín a la fiscal fue por qué uno de los contratos estaba firmado un día antes de que la secretaria-interventora levantase el reparto. Sobre las advertencias de la funcionara, dijo que era «perfectamente conocedor» y que fue causa de «muchísima discrepancia», pero que «había diferentes interpretaciones jurídicas», aunque admitió que el Ayuntamiento no recurrió a otra asesoría en la materia. «Quizá no entendía que se trataba de servicios esenciales», dijo.
Contundencia de la Fiscalía
Pero la Fiscalía considera que quedan «suficientemente acreditados» los hechos y, por eso, pide 14 años de inhabilitación especial para cargo público. Según el Ministerio Público, el alcalde actuó «sin sujetarse al procedimiento legalmente establecido y a sabiendas de que, con ello, transgredía la normativa».
Las conclusiones de la fiscal fueron contundentes al afirmar que las contrataciones se realizaron a sabiendas de que eran ilegales. «Todos los trabajadores confirman que no realizaron pruebas, ninguno había visto la convocatoria de los puestos de trabajos, algunos ni había llevado currículum y otros se presentaron por iniciativa de miembros del Ayuntamiento, y no hubo proceso de elección. No hay ningún dato objetivo en el procedimiento que justifique esa urgencia y tampoco se ha dado en el juicio», subrayó.
Román Martín fue condenado en noviembre a 12 años de inhabilitación
La defensa pide la absolución
La defensa, por su parte, repitió el argumento de Martín sobre la necesidad de realizar esas contrataciones, poniendo el ejemplo el caso de un peón de obra para trabajar solo siete días: «¿Para qué van a contratarlo por ese tiempo si no hay necesidad urgente?».
«Sí que existen razones de urgencia», añadió, recordando lo manifestado por las concejalas que declararon como testigo del riesgo que había de que dejase de prestarse los servicios municipales. «No defendemos que ese deba ser el mecanismo de contratación ordinario, y no lo ha sido, pero en el día a día de la Administración se producen situaciones que requieren una respuesta inmediata, y ahí entra el criterio de la interpretación jurídica que hace el alcalde sobre la excepcionalidad en la Ley de Presupuestos Generales del Estado», expuso.
El abogado insistió en que no hubo voluntad manifiesta de actuar a espaldas de la la ley: «Esas personas buscaban activamente trabajo y no había un interés particular del alcalde en contratarlos precisamente a ellos. Ha actuado amparado en una situación jurídica posible, no disparatada —dedicó buena parte de su tiempo a recordar otros casos en España—, y en ningún caso actuó actuó a sabiendas de que era una injusticia sino al amparo de una interpretación posible de una norma», insistió.
Román Martín sigue todavía en el cargo
El juicio ha quedado visto para sentencia el día después de que Román Martín haya manifestado en las redes sociales su intención de dimitir, aunque legalmente tendría que haber dejado su cargo en noviembre de 2020 tras la sentencia que lo inhabilitó por abrir la residencia geriátrica también saltándose los procedimientos legales.
Un grupo de vecinos ha convocado para este viernes al mediodía una concentración delante del edificio consistorial de El Tanque para mostrar su apoyo a Román Martín, que continúa como alcalde en calidad de concejal no adscrito, fuera del Partido Socialista pero sin que esta formación haya movido ficha para reconducir la situación política en el Ayuntamiento, donde conservan la mayoría absoluta.