El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha recordado este viernes que la vía administrativa de la adjudicación del cierre del Anillo Insular «está agotada» y que, por tanto, «el camino está despejado para contratar e iniciar la obra».
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma resolvió a finales de septiembre el recurso que pesaba sobre la adjudicación de los trabajos, suspendidos por la adjudicación a la empresa OHL, que había presentado una propuesta un 30 % inferior al precio estipulado por la Consejería.
El recurso prosperó y será una unión temporal de empresas encabezada por FCC quien asuma las obras. Sin embargo, OHL publicó días atrás un publirreportaje en el periódico El Día en el que aseguraba que la resolución del tribunal estaba basada en «un importante error material» y que, de adjudicarse finalmente a FCC, presentarían otro recurso o, incluso, un contencioso administrativo, lo que a su juicio retrasaría varios años el comienzo de las obras porque el 12 de diciembre caduca la declaración de impacto ambiental.
«Lo que hemos hecho es cumplir estrictamente con lo que nos dicta el Tribunal Administrativo», asegura el consejero. «Hemos sido muy respetuosos con los procedimientos administrativos y con los recursos de las empresas, pero la vía administrativa se agotó con el pronunciamiento del Tribunal. Hemos ordenado que el proceso se ponga otra vez en marcha para que la obra pueda empezar en los plazos previstos».
En este sentido, Franquis ha recordado que la Consejería se comprometió en agosto con el Cabildo de Tenerife en iniciar los trabajos en la segunda quincena de noviembre «sí o sí». «Una vez se firme el contrato, hay que llevar a cabo el plan de seguridad, que no se hace de la noche a la mañana, sino que puede tardar un mes o quizás menos», ha explicado en referencia a la fecha de caducidad de la declaración de impacto ambiental.
«Para nosotros y para la isla es fundamental el inicio de las obras. Toda la Consejería está mentalizada de que hay que cumplir con el compromiso del Cabildo. Lógicamente, las empresas tienen la vía judicial abierta por si creen que deben recurrir —ha dicho sobre el comunicado de OHL—, pero el camino desde el punto de vista administrativo está despejado para comenzar las obras», ha insistido.
OHL está siendo investigada en el marco de la Operación Lezo por supuestas mordidas en Canarias a razón de adjudicaciones por valor de 1.200 millones de euros durante 15 años. Varias grabaciones han puesto en el foco de las acusaciones a políticos de Coalición Canarias como Antonio Castro, Julio Bonis o Luis Suárez Trenor.