La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha rechazado el recurso de apelación presentado por Aurelio Abreu contra el auto de 2016 del Juzgado de Icod por el que se acordaba seguir el procedimiento sobre un presunto delito de prevaricación en su etapa de alcalde de Buenavista del Norte, según publica el periódico El Día.

Tras el anuncio de la Audiencia, el vicepresidente del Cabildo y dirigente del PSOE tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados en el próximo juicio oral que se celebrará en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Icod de los Vinos. DAUTE DIGITAL se ha puesto en contacto con el vicepresidente del Cabildo tras la publicación de esta información, aunque no ha obtenido respuesta.

Hasta ahora, Abreu siempre había precisado que su causa estaba pendiente del recurso ante la Audiencia. Lo dijo tras la petición de 8 años de inhabilitación de la Fiscalía y tras el reciente auto del Juzgado por el que se decretaba la apertura de juicio oral.

Aurelio Abreu, durante una reciente reunión en el Ayuntamiento de Buenavista con la alcaldesa y técnicos insulares

Según la Fiscalía, Aurelio Abreu adjudicó en 2006 “de un modo directo” la redacción del proyecto de la residencia de discapacitados a Cuende y Gutiérrez Asociados, una sociedad del exconcejal socialista del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y compañero de partido Ramiro Cuende. El Gobierno de Canarias había concedido a Buenavista una subvención de 162.000 euros para la redacción del proyecto. Como alcalde, Aurelio Abreu adjudicó la labor al despacho de Cuende por 270.000 euros, de los cuales 160.000 procedían de la subvención regional.

En su escrito de impugnación, Abreu alegó que hubo “inexistencia de indicios racionales de criminalidad”, al entender que “no concurrían los elementos del tipo del delito de prevaricación por el que se acordó continuar la tramitación de la presente causa, al tratarse en todo caso de una posible irregularidad administrativa en el procedimiento de adjudicación“.

El socialista añadía que era “una materia en la que el alcalde había delegado las competencias” y “un asunto respecto al que el secretario-interventor no formuló ningún tipo de objeción”. Además, hizo referencia al “consenso entre los concejales de los diversos grupos políticos sobre la necesidad de construcción del centro para discapacitados”.

La Audiencia Provincial ha desestimado ese recurso considerando que, “sin perjuicio del examen de la prueba que, en su caso, se practique en fase de enjuiciamiento, en el auto recurrido se ofrecen indicios que apuntarían a una omisión clara y consciente del procedimiento de contratación administrativa“.

En el banquillo de los acusados también se sentará el secretario-interventor municipal, Francisco Javier Bardón. La Fiscalía pide para él la pena por prevaricación administrativa en comisión por omisión, ya que “omitió deliberadamente” su obligación de formular reparo, “advirtiendo de la flagrante y grosera ilegalidad del pago que se pretendía ordenar”.

Satisfacción en Sí se puede

Sí se puede, personado como acusación popular, ha celebrado que “ningún obstáculo impida el inicio del juicio oral”. El portavoz del grupo ecosocialista en el Ayuntamiento de Buenavista, Antonio González Fortes, lamenta, sin embargo, “la lentitud del proceso judicial y los efectos de un caso que ha dejado al municipio sin un recurso significativo por el que espera desde hace diez años”. Como acusación, el partido pide tres años de cárcel y 20 de inhabilitación por el presunto delito de prevaricación administrativa y por malversación de caudales públicos.

Antonio González, portavoz de Sí se puede y exalcalde de Buenavista

“Dábamos por hecho que esa iba a ser la respuesta de la Audiencia Provincial porque la instrucción ha ido demostrando poco a poco que nuestra denuncia estaba muy fundamentada; por este motivo, consideramos que el PSOE ha actuado de forma irresponsable, al tratar de quitarle importancia a los hechos denunciados”, asegura el portavoz de Sí se puede.

“El rechazo del recurso era lo esperado por todos los profesionales consultados. Después de una instrucción tan larga y que ha arrojado declaraciones tan contundentes por parte del propio Abreu, en las que reconoció haberse saltado el procedimiento de contratación, este recurso no significaba sino una artimaña más para retrasar el proceso y que no se produjera la apertura de juicio oral”, asegura el portavoz de Sí se puede, para quien la noticia “es muy importante”, al tratarse de la organización que promovió la denuncia de los hechos tras tomar posesión el propio González Fortes como alcalde de Buenavista en 2012

El portavoz de Sí se puede en Buenavista considera “muy positivo que continúe el proceso judicial, porque han sido muchos años desde la denuncia, que presentamos en julio de 2012, y de instrucción, desde enero de 2014”. A su juicio, “quien más salió perjudicado en todo este tiempo es el municipio, porque, llevamos más de diez años sin una infraestructura que es básica el trabajo que desarrolla el Centro Ocupacional Isla Baja en materia de diversidad funcional”.

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