Sí se puede ha exigido la dimisión de la alcaldesa de Buenavista del Norte por «hacer caso omiso» a la sentencia judicial sobre el molino de El Palmar que exigía al Ayuntamiento que comprobara su actividad, situación que ha llevado al requerimiento judicial por parte del juez a Eva García por desobediencia y al requiriendo del cumplimiento inmediato con advertencia, incluso, de sancionarla económicamente.
El requerimiento judicial fue leído por el secretario municipal en el pleno del pasado martes, asegurando la alcaldesa que había firmado el decreto de ejecución con fecha del 23 de enero. El requerimiento judicial fue notificada a las partes el 19 de enero pero el gobierno municipal señaló que llegó al registro del Ayuntamiento el día 24.
El requerimiento judicial llegó a las partes el 19 de enero
Antonio González, portavoz de Sí se puede en el municipio, incide especialmente en la «indefensión» que ha supuesto la tardanza para resolver la situación por parte de la alcaldesa, con una sentencia dictada desde hace dos años, en febrero de 2016: «Eva García ha dejado desprotegidos a ambas partes del conflicto y debe asumir su responsabilidad. La inacción ha dañado la imagen de una empresa que ha cumplido con la legalidad y perjudicado al bienestar de los vecinos».
La «negligencia» de la alcaldesa, a juicio del portavoz en el municipio Antonio González, ha puesto en peligro un molino tradicional único en la Isla Baja: «El PSOE ha amenazado un símbolo del municipio que, además, da trabajo a varias personas. El molino es un signo de identidad del Valle de El Palmar».
Antonio González recordó en el último pleno municipal que cuando Sí se puede ostentaba la alcaldía el grupo socialista sí pidió su dimisión, pese a que en ese momento no existían los informes pertinentes que pudieran apoyar la resolución del conflicto y no se justificaba dicha petición: «El Ayuntamiento, en ese momento, siempre colaboró para la adecuación de las instalaciones del molino hasta que la actual alcaldesa llegó al gobierno. El propio auto especifica que debe ser el consistorio quien compruebe las instalaciones y confirme que la actividad se ajusta a la normativa. Desde Sí se puede nos preguntamos el porqué de no acatar la sentencia».
Sin embargo, para Eva García, la «vergüenza» de González ahora «no la tenía cuando también fue requerido por el juez siendo alcalde«. «Usted no sacó un decreto de resolución de sentencia, yo sí», le reprochó durante el pleno.
Para la organización ecosocialista resulta especialmente «llamativo» que la alcaldesa no resolviera el expediente justo después de la celebración del juicio, en mayo de 2016, y esperara a recibir el auto en enero de este año: «La negativa a acatar la sentencia no es un hecho aislado. En noviembre se emitió otro auto que también fue ignorado. Por coherencia política, Eva García debe dimitir«, afirma Antonio González.