El caso Mediador y el caso Cuarteles siguen extendiendo sus tentáculos por varios puntos del país. Tanto es así que ha llegado hasta los cuarteles de la Guardia Civil de la Isla Baja: Buenavista del Norte y Garachico. La conexión entre el caso Mediador y el caso Cuarteles pasa por la participación del general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, en una red de corrupción en España que involucra a la benemérita. El general también está relacionado con el caso Cuarteles, una investigación sobre irregularidades en obras de reforma y reparación de edificios de la Guardia Civil.
El cuartel de la Guardia Civil de Buenavista del Norte estuvo dentro de los contratos de reformas de varios acuartelamientos entre 2015 y 2018, período en el que crecieron exponencialmente estos contratos con el empresario lanzaroteño Ángel Ramón Tejera de León, más conocido como ‘Mon’ y que es uno de los protagonistas de la trama Cuarteles.
Concretamente, el contrato para las obras en el cuartel buenavistero se realizó en agosto de 2016. Junto a este acuerdo se realizaron cuatro más en tan solo un período de cinco días y que sumaron cerca de 284.000 euros.
Según fuentes cercanas a la Guardia Civil, la obra realizada en el cuartel de Buenavista del Norte consistió en revestir de cierto material la fachada, la azotea y todas las partes de la casa cuartel que estuvieran al aire libre durante varias semanas. La función de este material era impermeabilizar la instalación de la Guardia Civil. El presupuesto fue de 46.521,4 euros.
En lo que respecta a la casa cuartel de Garachico, la demolición de este edificio también fue adjudicada al empresario lanzaroteño ‘Mon’. Según el diario La Razón, la demolición fue adjudicada «a pesar de que la empresa no realizaba este tipo de trabajos». Asuntos Internos destaca especialmente este hecho por su presunta irregularidad: el empresario terminó contratando a otra empresa para que realizar la demolición en 2017. De manera más concreta, comenzó el 17 de abril de ese año.
Tal y como puede leerse en la maquinaria que aparece en las imágenes realizadas por DAUTE DIGITAL, la empresa que realizó la demolición es Grupo Nino (a través de sus filiales Demoliciones y Derribos Tenerife S.L. y Transportes y Excavaciones Nino S.L.). La Razón, que ha tenido acceso al sumario del caso, explica que la decisión de demoler el edificio se toma por el «procedimiento de emergencia».
El proceso para la adjudicación fue el siguiente: se solicitó presupuesto a dos empresas, entre ellas Insulares de Demoliciones y Obras S.L. y Angrasurcor S.L., la última es propiedad de ‘Mon’. Angrasurcor consigue la adjudicación a pesar de que «el objeto social de la mercantil es la realización de reformas e impermeabilización y nada relacionado con demoliciones y derribos. El contrato es de 168.523 euros», reza la noticia de Irene Dorta.
‘Mon’ subcontrató a la empresa que realizó realmente la demolición «por un precio mucho menor del que realmente le habían adjudicado. ‘Mon’ pagó por la demolición 62.000 euros y se quedó con el resto, según señala la Guardia Civil». Es decir, se quedó con casi 110.000 euros.