El exalcalde de Buenavista del Norte, Aurelio Abreu, se enfrentará al juicio oral por el presunto encargo irregular de la redacción del proyecto de la residencia de personas con discapacidad del municipio el próximo 6 de febrero. Así lo ha adelantado el periódico El Día.
La presunta irregularidad fue denunciada por Sí se puede en 2012, tras llegar al gobierno municipal buenavistero. El que también fuera vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife y senador por la isla de Tenerife, ya tiene fecha para una causa que ha dado varios bandazos judiciales en los últimos años y sobre la que Abreu dijo en 2019 tener «ganas» de que «se celebrase de una vez por todas». Del mismo modo se encuentra en la actualidad: «lo afrontamos con absoluta tranquilidad como así lo hemos hecho con otras denuncias que nos ha puesto Sí se puede y que han sido archivadas de manera definitiva», ha dicho el exalcalde a DAUTE DIGITAL.
El inicio del juicio oral ha sido señalado por el Juzgado de lo Penal Número 4 de Santa Cruz de Tenerife. En 2018, la Fiscalía pidió ocho años de inhabilitación para Abreu. En el documento presentado por la Fiscalía se solicitaba la apertura de juicio oral y pedía ocho años de inhabilitación especial para el exalcalde socialista buenavistero por hallar indicios de una «clamorosa y deliberada elusión de la normativa» en el encargo de la redacción del proyecto.
Además de Abreu, también aparece como encausado el actual secretario del Ayuntamiento de Buenavista del Norte. A este, se le acusa de prevaricar «por omisión» al no cumplir con su obligación como secretario interventor. Según la Fiscalía, no advirtió de «la flagrante y grosera ilegalidad del pago» propuesto desde la Alcaldía buenavistera ocupada por Abreu.
La presunta adjudicación irregular de ese contrato (valorado en casi 300.000 euros) y sin concurso público llegó a la empresa del exedil del PSOE en Santa Cruz de Tenerife, Ramiro Cuende. Aunque el proyecto se cuantificó en 270.000 euros, finalmente se le pagó a la empresa mencionada anteriormente 162.000 euros de una subvención de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias.
Según Antonio González Fortes, actual alcalde buenavistero (SSP) y cuyo partido participara en el proceso como acción popular, «la empresa nunca reclamó las cantidades restantes». Es decir, nunca se reclamaron los 108.000 euros restantes. El acuerdo tenía contemplada la redacción del proyecto básico y de ejecución, por 160.000 euros, además de la dirección de obra, presupuestada en 90.000 euros, aunque no se concretó ni se abonó.
Abreu, fuera de la palestra política en la actualidad, se enfrenta en apenas cinco meses a una causa por algo que presuntamente hizo de manera irregular hace casi 17 años.