El aparcamiento de la trasera del Convento de San Sebastián ha acogido este domingo la asamblea general convocada por la Plataforma Los Silos-Isla Baja con motivo de la firma del convenio que permitirá el trasvase de aguas residuales desde Garachico. Alrededor de 200 vecinos se reunieron para conocer la situación actual y las medidas que, a partir de ahora, se llevarán a cabo desde la asociación.
El presidente y portavoz de la plataforma, Roberto Hernández, fue el encargado de dirigirse a los asistentes: «Estamos aquí porque el grupo de gobierno, presidido por Macarena Fuentes y Raquel González, ha decidido de manera secreta firmar un convenio de vertidos de espaldas al pueblo», comenzó diciendo, «y estas dos personas han condenado a Los Silos, nos han convertido en el váter de la Isla Baja», palabras que arrancaron el primer aplauso.
«Y no tenemos nada en contra de Garachico, que claramente va a ser el pueblo beneficiado, estamos en contra de sus políticas medioambientales. El grupo de gobierno de allí se quita el muerto de encima y traslada el problema a Los Silos, con el beneplácito de las dos que nos gobiernan», señaló.
Según el portavoz, desde la plataforma entienden que haya habido presión desde Coalición Canaria, desde el Consejo Superior de Aguas y desde el Cabildo, pero califican de «condena» la firma de este convenio, ya que lo consideran un error que repercutirá en el futuro del pueblo. «Ella [Fuentes] ha dicho que si no lo firmaba iba a la cárcel, y no la creemos. Lo que debería de haber hecho era convocar a los vecinos, contarles la presión que estaba viviendo, llevarlo a pleno y no a junta de gobierno, y si aún así no encontraba una solución lo que tendría que haber hecho era tener la dignidad de dimitir», señaló, y es que «dos personas no pueden condenar a un pueblo por caprichos o privilegios propios».
A continuación, Hernández enumeró las razones por las cuales, según la plataforma, la firma de este convenio no se debería de haber llevado a cabo, destacando toda la información técnica y jurídica que ha ofrecido la asociación y que avala los inconvenientes que producirá el trasvase de residuos desde el pueblo vecino. Además, consideran que se debería de haber renovado el permiso que permite a los municipios de menos de 10.000 habitantes realizar vertidos de residuos previamente tratados, hasta que se llevase a cabo la construcción de la depuradora natural.
Por último, hizo hincapié en la realidad de la costa silense y sus corrientes envolventes: «Por mucho que tú eches los vertidos hacia afuera, en momentos de calma, esos residuos no se dispersan, y si ya tenemos problemas solo con Los Silos, imagínense a partir de ahora cuando nos llegue la mierda de Garachico». Según el portavoz esto no es más que otra forma «de cargarse la costa y el futuro del pueblo».
Por ello, desde la plataforma han propuesto una serie de medidas sociales con el fin de mostrar el malestar de los vecinos: caceroladas, cuñas de radio y vídeos en medios de comunicación con la participación vecinal y la colocación de lazos negros en puertas, ventanas y balcones (a partir del lunes 20 de diciembre) ya que «están de luto porque el trasvase de aguas supondrá un entierro para Los Silos». Por otro lado, también plantean medidas político jurídicas, entre las que destaca una denuncia para intentar recurrir la firma del convenio.
El portavoz concluyó su discurso animando a los vecinos a unirse a la causa, a apoyar las iniciativas y a no tener miedo: «El pueblo tiene que levantarse, desde el respeto y las buenas maneras, pero esta lucha la ganamos si permanecemos unidos, la unión hace todo». Además, alentó a los participantes a proponer iniciativas que acompañen y permitan alcanzar los objetivos que persiguen.
Por último, varios vecinos tomaron la palabra, destacando la participación de Abel Herrera, arquitecto técnico y director durante 20 años del Parque Rural de Teno, quién señaló, entre otros aspectos, que la posibilidad de que otro municipio vierta en Los Silos viene dada de que a la hora de firmar el convenio el ayuntamiento debe ceder la titularidad de los terrenos donde están ubicadas las instalaciones al Consejo Insular de Aguas, pasando estos a a gestionar la propiedad del emisario.
