El Ayuntamiento de Los Silos ha aprobado por unanimidad en el pleno ordinario de este jueves presentar de manera urgente una serie de proposiciones y recursos para evitar la demolición de las piscinas municipales por parte de la Dirección General de la Costa y el Mar.
Los tres partidos con representación en el consistorio —PSOE, CC y PP— han acordado hacer «frente común contra Costas». En un debate donde ha predominado el consenso (muy diferente a la tónica habitual de las últimas sesiones) el Ayuntamiento ha acordado iniciar de manera urgente el expediente para la declaración de las instalaciones de interés público para el bienestar social de la población y su desarrollo económico.
Algo parecido se pedirá al Consorcio Daute-Isla Baja, en tanto que el consistorio entiende que las piscinas municipales revierten en los vecinos de toda la comarca, al igual que al Cabildo de Tenerife en el ámbito turístico y deportivo, y al Parlamento de Canarias como «infraestructura de interés público general» de todo el archipiélago. Además, se dará traslado del acuerdo a todas las instituciones a nivel municipal, insular y autonómico, con el fin de lograr el mayor apoyo posible.
Los tres partidos ha coincidido también en buscar un asesoramiento jurídico eficaz de cara a las alegaciones que el Ayuntamiento tiene que presentar ante Costas antes del próximo miércoles, 4 de agosto. Consideran que hay motivos justificados para mantener las piscinas por interés general, al igual que ha ocurrido en otros puntos de Tenerife.
La moción, presentada de urgencia por el grupo de gobierno de CC-PP, fue enmendada por el Partido Socialista en algunas cuestiones y posteriormente consensuada. La portavoz de la oposición, Inmaculada León, pidió obviar la mención a las fuerzas políticas que gobernaban antes y después de que expirase la concesión de la piscina: «Todo el mundo sabe quién gobernaba en cada momento; me suena raro que la moción vaya al Ministerio y se nombre a partidos políticos». Su compañero y exconcejal de Urbanismo, Ángel Hernández, añadió que «no se trata de ver quién tuvo responsabilidades en su momento, sino de que haya un resquicio» que los asesores jurídicos puedan aprovechar.
Otra de las peticiones del PSOE era mencionar que Costas debía haber avisado al Ayuntamiento seis meses antes de que iba a vencer la concesión, algo que debió hacer en febrero de 2018.
Además, la portavoz socialista pidió pensar a largo plazo qué hacer si finalmente acaban ganando la batalla. «Habrá que pensar en un futuro qué hacer, porque la nueva concesión tendrá una nueva temporalidad y no será de Los Silos de por vida, y eso deben saberlo los vecinos», advirtió.
La alcaldesa, Macarena Fuentes, resaltó que es una cuestión que «no trata de colores políticos ni de destacar uno sobre otros», y aseguró irse «súper contenta con esta unanimidad».