El alcalde de El Tanque, Román Martín (ex PSOE), volverá a sentarse en el banquillo de los acusados por segunda vez en menos de un año, acusado en esta ocasión de un presunto delito de prevaricación por supuestamente colocar a una decena de trabajadores en el Ayuntamiento pese a los reparos puestos por la secretaria-interventora municipal.
El juicio se desarrollará la próxima semana, los días 4 y 5 de mayo, a las 10 de la mañana en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. La vista tuvo que aplazarse en enero tras alegar el alcalde que estaba en cuarentena al haber sido contacto estrecho de un positivo por COVID-19.
La Fiscalía pide una condena de 10 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público por firmar los decretos para la contratación de esa decena de trabajadores, que fueron recurridos y declarados nulos por varios juzgados de lo contencioso administrativo.
En su escrito de calificación, el Ministerio Público asegura que Román Martín actuó «con ánimo de parcialidad» y «con absoluto desprecio hacia la legalidad vigente», «prescindiendo de los principios de publicidad, mérito, igualdad y capacidad, así como de los informes desfavorables» de la secretaria. Así, procedió presuntamente en la contratación o en la prórroga de los contratos de varios peones de limpieza, un peón de obras, una auxiliar de enfermería, varias asistentes domiciliaria y varias animadoras socioculturales.
Inhabilitado desde noviembre
Martín ya fue condenado el año pasado a 12 años de inhabilitación especial por abrir en 2014 la residencia de mayores de El Tanque sin contar con la certificación final de obras y pese a las advertencias de la secretaria.
Pese a que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General prohíbe ejercer un cargo público a las personas condenadas por delitos contra la Administración pública, aunque no la sentencia no sea firme (como ocurre en el caso de Román Martín), el alcalde continúa en su puesto.
El PSOE asegura que, de momento, no puede actuar contra el alcalde
Lo hace, sin embargo, en calidad de concejal no adscrito, ya que en noviembre se dio de bajada del PSOE y, posteriormente, del Grupo Municipal Socialista. El partido tiene, por tanto, seis concejales de los siete que obtuvo en las elecciones de 2019, pero no reclama el acta de Román Martín. «El PSOE defiende que se sigan promoviendo valores progresistas», dice el propio aludido.
Fuentes de la organización ponen la pelota en el tejado de la Justicia. «El secretario del Ayuntamiento asegura que el juzgado no le ha notificado nada al consistorio y, por tanto, el partido no puede de momento hacer nada para abrir un expediente», asegura el PSOE a nivel insular. Sin embargo, DAUTE DIGITAL ha podido saber que en el consistorio tanquero sí se ha recibido la sentencia que inhabilita al alcalde, pero se están a la espera del nombramiento de un secretario con plaza en el municipio para que culmine el procedimiento.
En declaraciones a este diario, Román Martín explica que está «a la espera de que se resuelva el recurso de apelación presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias».
Martín, en cambio, asegura haber actuado «desde el convencimiento que los procedimientos se ajustaban a la normativa», por lo que han recurrido «esperando que la firmeza de la sentencia avale la apertura de la residencia geriátrica».
Sobre su nuevo juicio por la contratación de los empleados municipales, afirma tener «el pleno convencimiento que los procedimientos tienen amparo legal; por tanto, respetando todas las opiniones, defendemos con optimismo las acciones practicadas».