El alcalde inhabilitado de El Tanque, Román Martín (ex PSOE), ha vuelto a sentarse en el banquillo por segunda vez en menos de un año, en el juicio en el que se le acusa de prevaricación por la contratación de una decena de personas durante 2015 en el Ayuntamiento.
En la primera jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, la exsecretaria-interventora del Ayuntamiento ha reiterado que informó desfavorablemente sobre esas contrataciones porque incumplían la normativa, al no haber accedido por los principios de publicidad, igualdad, mérito ni capacidad, tampoco mediante la declaración de servicios esenciales.
La exsecretaria, que actualmente ocupa ese puesto en Los Silos, señaló también que en las contrataciones no hubo concurso, selección de personal, entrevistas ni currículum de las personas que entraron en ese año al consistorio. Además, informó verbalmente a Román Martín sobre la ilegalidad de sus acciones.
En caso de necesidad sobrevenida y urgente, como el servicio de atención a mayores, aseguró que había que acudir a una lista de reserva a través de la FECAM y firmar un convenio con el Cabildo. De hecho, afirmó que se llegaron a hacer, pero no para los contratos que se están juzgando.
Por su parte, la declaración de servicios esenciales se venía aprobando por el pleno desde 2012, no así en 2015, por lo que ha explicado que esa decena de contrataciones no cumplían con ese criterio.
También ha declarado el jefe de la Policía Local, que en 2016 actuó como secretario-interventor accidental y que también informó desfavorablemente sobre la prórroga de algunos contratos, siempre siguiendo el criterio de la exsecretaria.
Tras ellos, han intervenido en el juicio, también como testigos, la primera teniente de alcalde, Esther Morales, la concejala Jennifer Rosales y la exconcejala María de la O Lorenzo. Las tres estaban en el equipo de gobierno en 2015.
María de la O Lorenzo reconoció que no se hicieron pruebas para el puesto de auxiliar de enfermería, aunque sí vieron los currículums que llegaron a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local. Una de las contratadas era tía suya, pero explicó que en el municipio muy pocas personas tenían la cualificación necesaria, aunque no se buscaron otros candidatos en municipios cercanos. Reconoció, además, que las contrataciones las hicieron entre ella y el alcalde.
El juicio acaba este jueves con la declaración de Román Martín
Esther Morales, por entonces concejala de Cultura, Fiestas, Obras y Desarrollo Local, señaló que era «complicado» cubrir las plazas a través de convenios con otras Administraciones «porque no lo cubren todo el año y, cuando no hay personal, el servicio queda pendiente«. Aseguró no conocer los reparos realizados por la secretaria.
Jennifer Rosales dijo que ella no participaba en las entrevistas a los candidatos y que no sabía cómo se seleccionó a una de las contratadas, tampoco que sabía el criterio desfavorable de la secretaria.
En esta primera jornada del juicio también declararon dos de las personas que fueron contratadas en ese período. Uno de ellos, para el servicio de limpieza durante seis meses, afirmó que pidió trabajo a Román Martín y este lo remitió a la planta baja del Ayuntamiento. Al cabo de un mes, el alcalde lo llamó, pero no le hicieron pruebas y no sabe cómo era el contrato porque no sabe leer.
La última de los testigos reconoció haber trabajo como personal de limpieza en algunos colegios del municipio y negó haber pedido trabajo al alcalde, contradiciendo su declaración en el juzgado de Icod. Después, explicó que pudo haberle comentado por la calle que había ido al Ayuntamiento a solicitar empleo.
El Fiscal solicita 10 años de inhabilitación especial para Román Martín (en noviembre ya fue condenado a 12 años por abrir la residencia de mayores), acusándolo de actuar «con ánimo de parcialidad» y «con absoluto desprecio hacia la legalidad vigente». Este jueves finaliza la vista oral con la declaración del propio alcalde.