La portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, Josefa Mesa, ha mostrado este jueves su apoyo con prudencia a su compañero y vicepresidente insular, Aurelio Abreu, respecto a la apertura de juicio oral a la que se presenta.
El exalcalde de Buenavista está acusado de prevaricación al asignar en 2006, presuntamente a dedo y por valor de 270.000 euros, la realización del proyecto de la residencia de discapacitados del municipio al estudio de su amigo y compañero de partido Ramiro Cuende, exconcejal del PSOE en Santa Cruz. La Fiscalía solicita para él ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y, para el secretario Francisco Javier Bardón, otros ocho años de inhabilitación por prevaricación administrativa en comisión por omisión.
«La argumentación que nos ha trasladado siempre ha sido bastante coherente respecto a la situación que se dio en su momento», manifestó la portavoz socialista en Cope Canarias. «Como muchas otras circunstancias administrativas que se han dado en otros compañeros, deseaos y esperamos que se resuelva sin las mayores dificultades«, dijo Mesa.
Para la consejera, «hay que esperar que esto se aclare y deseamos que salga de esa situación como un expediente administrativo que se entiende que pueda estar justificado». En su recurso, que fue rechazado por la Audiencia Provincial, Abreu alegró que era “una materia en la que el alcalde había delegado las competencias” y “un asunto respecto al que el secretario-interventor no formuló ningún tipo de objeción”. Además, hizo referencia al “consenso entre los concejales de los diversos grupos políticos sobre la necesidad de construcción del centro para discapacitados”.
Josefa Mesa recordó que, en casos como este, «cualquier decisión que tenga que tomar el PSOE lo hace a través de la Ejecutiva Federal como órgano responsable» y que «todo el expediente se ha tramitado a través de los órganos insulares y regionales». «Aurelio Abreu ha obrado en coherencia con lo que suele pedir nuestro partido con cualquiera de los compañeros que esté inmerso en cualquier situación judicial», apostilló.
El artículo 5.2 del Código Ético del PSOE señala que “cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”.
El destino judicial de Abreu se decidirá en la calle San Agustín de Icod de los Vinos, mientras que el político lo hará en la calle Ferraz de Madrid. Todas las quinielas apuntan a que el exalcalde de Buenavista concurrirá en la lista insular al Parlamento de Canarias pero será el partido quien tome la última decisión.
DAUTE DIGITAL ha intentado desde el miércoles ponerse en contacto con Aurelio Abreu sin obtener respuesta. No obstante, en ocasiones anteriores ha manifestado que la causa por la que será juzgado no implica delito por corrupción sino por un error administrativo.