El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu, ha manifestado este lunes su deseo que el juicio oral al que se enfrentará próximamente por su etapa como alcalde de Buenavista del Norte se lleve a cabo lo más pronto posible.
En declaraciones a COPE Canarias, el político socialista ha asegurado no temer «en absoluto» lo que pueda deparar el juicio y que sigue «manteniendo la misma tranquilidad que durante esta trayectoria». Aurelio Abreu se sentará en el banquillo acusado de un delito de prevaricación por adjudicar presuntamente a dedo en 2006 la redacción del proyecto de la residencia de discapacitados de Buenavista al arquitecto y compañero de partido Ramiro Cuende por valor de 270.000 euros. De esa cantidad, 160.000 euros procedían de una subvención del Gobierno de Canarias.
«Son casi 7 años de diligencias previas sufriendo esta situación en mis propias carnes, tanto a nivel personal como familiar, y curiosamente [las novedades llegan] cada vez que vienen las elecciones», ha señalado, al mismo tiempo que confiesa que «no es agradable».
Lo cierto es que Abreu ha variado su discurso en los últimos meses. Si en un primer momento mantenía que su situación judicial estaba condicionada por la resolución del recurso presentado ante la Audiencia Provincial, una vez desestimado este, ha manifestado sus «ganas» de que el juicio tenga lugar «cuanto antes».
Para el exalcalde, el expediente de la residencia de discapacitados había sido «muy trabajado» por parte de los servicios del Ayuntamiento. «Se tiene la tranquilidad de haberlo hecho pero después de sospecha, incluso, de que el proyecto no estaba», ha recordado. Además, ha enfatizado que «la denuncia que monta en aquel momento Sí se puede [cuando llega al gobierno municipal de Buenavista] se ha ido desmontando», pasando la acusación del fiscal de malversación de fondos y falsedad documental a, en la actualidad, «prevaricación administrativa». «Eso es un paso importante para mí y para el procedimiento y, desde luego, espero y deseo que se resuelva cuanto antes».
La Fiscalía pide 8 años de inhabilitación para Abreu y para el secretario municipal, Javier Bardón. Por su parte, la acusación particular de Sí se puede solicita 3 años de cárcel y 20 de inhabilitación por prevaricación y malversación de caudales públicos.