Sí se puede reclama al gobierno de Buenavista acciones para evitar el cierre del restaurante municipal El Burgado. El portavoz del grupo ecosocialista en el Ayuntamiento, Antonio González Fortes, asegura que «es imprescindible proteger 11 puestos de trabajo y los ingresos fijos que recibe el Ayuntamiento en concepto de canon al verse la instalación forzada al cierre, porque la mala gestión del gobierno de PSOE-CC prolonga indefinidamente la licitación y el plazo del contrato caduca este mes de julio».
La organización ecosocialista plantea prorrogar la concesión hasta que esta se saque a concurso de nuevo en condiciones que eviten el cierre. Con este objetivo, González Fortes firma un documento que Sí se puede registró este lunes en el Ayuntamiento de Buenavista en el que exige al gobierno municipal «la revocación urgente y de mutuo acuerdo con el concesionario del acuerdo de junta de gobierno de 10 de julio de 2017», que fijó el fin de la concesión para este mes de julio.
De esta manera, se prorrogará el contrato de concesión durante el periodo en el que se tramita el nuevo proceso de licitación, para garantizar el mantenimiento de la instalación abierta «cuando se encuentra en buen funcionamiento«, explica el portavoz. La organización ecosocialista considera que esta fórmula permitirá evitar la pérdida de 11 puestos de trabajo que causaría el cese de la actividad, así como el perjuicio económico a las arcas municipales.
Igualmente, Sí se puede pide al gobierno de PSOE-CC la elaboración de un informe técnico jurídico en el que se contemple que las prórrogas de los contratos de este tipo de concesiones de recursos municipales se establezcan en años naturales y no en los periodos previstos en el contrato inicial, que actualmente es de cuatro años. Esta medida «aporta seguridad jurídica al evitar reclamaciones que puedan poner en peligro los compromisos adquiridos y el estado de las arcas municipales.»
«La mala administración municipal es la responsable de que no se haya iniciado siquiera el proceso para elaborar y firmar un nuevo contrato que siga al que está a punto de caducar, de forma que se dé una garantía de continuidad de la actividad desarrollada en el restaurante. Es más, los plazos en los que estaría disponible ese nuevo contrato no están claros», explica González Fortes.