El Cabildo de Tenerife, a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), construirá el anhelado centro residencial mixto para personas con discapacidad en situación de dependencia en Buenavista del Norte. Con este fin, firmará un convenio de colaboración con el Ayuntamiento, que cederá el suelo necesario y se hará responsable de la posterior gestión del centro.
La consejera insular de Acción Social, Coromoto Yanes, subrayó la importancia que para las familias de estas personas con discapacidad y en situación de dependencia supone esta residencia y señaló que su ejecución se recoge en el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias destinado a «mejorar y actualizar los recursos existentes e incrementar plazas de atención a personas dependientes». Este plan contempla un procedimiento de actuación para la mejora o ampliación de centros existentes y en otros casos implica nuevas construcciones.
La directora insular del IASS, Juana María Reyes, señaló que el centro residencial y de estancias diurnas de Buenavista tendrá capacidad para unas 40 plazas de atención residencial «con un amplio espacio alojativo y otra zona para taller y comedor colectivo con capacidad para unas 20 personas». En función de la demanda que exista tras la finalización de la obra, se podrá determinar la necesidad o no de contar con plazas diurnas. De esta forma los espacios de talleres podrán ser utilizados por los residentes y/o por otros proyectos innovadores enfocados a la promoción de la autonomía.
La ejecución de esta residencia, que se construirá en una parcela de más de 3.000 metros cuadrados, forma parte del Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI) del Cabildo de Tenerife y, en particular, de su Eje Social dentro del cual se establece el Programa 2.1. Plan de Infraestructuras Socio-sanitarias, en el que se ha previsto para este proyecto un importe global de inversión de 3.828.400 euros.
Un proyecto pasado por el juzgado
La demanda de una residencia mixta para discapacitados comenzó en 2003, pidiéndose en 2005 en el pleno municipal la necesaria financiación a partir de otras instituciones. Sin embargo, en 2012, el exalcalde Aurelio Abreu fue imputado tras una denuncia de la Fiscalía por promover presuntamente un proyecto urbanístico que el estudio de arquitectos, liderado por un exconcejal socialista de Santa Cruz, nunca llegó a presentar, a pesar de haberse pagado por él 160.000 euros, procedentes una subvención supramunicipal.
