La trama protagonizada en los últimos años por Santiago González en torno a su actividad política sigue dejando casos muy llamativos. Uno de los más singulares y graves sucedió tras las elecciones locales de mayo de 2015.
El joven caletero concurrió en esa fecha como candidato a la Alcaldía de La Matanza de Acentejo dentro de la coalición Por Tenerife-Nueva Canarias. Pese a no tener vinculación alguna con ese municipio, González se nutrió de un grupo de simpatizantes a los que prometió un cargo político si resultaban elegidos. Lo hizo con todos, incluso, con aquellos que figuraban como suplentes en la plancha electoral.
Pero su estrategia por prometer cargos públicos no se limitó a mayo de 2015. Lo más llamativo sucede tras esos comicios, cuando la marca de Juntos X Canarias, aún sin haber sido registrada como partido (algo que ocurrió en diciembre de ese año según datos del Ministerio del Interior), comienza a ser visible. Algunos de los afectados han contado en primera persona su caso a DAUTE DIGITAL.
Los afectados no recibieron ni un solo euro
En los primeros meses, González asegura a sus compañeros que su formación y Nueva Canarias suscribieron una alianza política. Estos dan fe de ello aunque Nueva Canarias niega relación alguna tras las elecciones locales.
Por esas fechas, el presidente de Juntos X Canarias se hace pasar por coordinador autonómico del 112 y crea todo un entramado para hacer ver a sus acompañantes el poder político que erróneamente ostentaba. A esto se le une una serie de hechos que relatan: fingidas llamadas de José Manuel Soria o una actividad en el Parlamento de Canarias que nunca existió.
El colmo y el final de la relación con sus simpatizantes llega con las falsas contrataciones que según ellos realiza. González redacta una serie de documentos laborales que pasa por contratos de trabajo. A simple vista, su diseño indica falta de veracidad pero sus supuestas víctimas sostienen que su capacidad de convicción les hizo firmar estos documentos. Los afectados dicen que nunca llegaron a ver un euro de esos contratos.
Más grave aún, dejaron sus puestos de trabajo de ese entonces para dedicarse al cien por cien al partido. Gastaron dinero de su bolsillo sin ver nada a cambio. Alguno consiguió recuperar su antiguo empleo, mientras que otros no han corrido la misma suerte. Pero todos han puesto su caso en manos del abogado Alberto Bacallado.
Documentos falsos
DAUTE DIGITAL ha analizado con detenimiento estos contratos tras tener acceso a ellos. Como ya se ha mencionado anteriormente, a simple vista se desprende una clara falsedad. Los logos del encabezado no concuerdan con lo establecido en un contrato laboral formal. De hecho, González usó la antigua denominación del Ministerio de Trabajo e Inmigración, que desde finales de 2011 pasó a ser de Empleo y Seguridad Social.
Pero sin duda lo más reseñable es el objeto del contrato: ser “concejero” del Gobierno de Canarias. El caletero hizo creer a sus víctimas que iban a entrar a formar parte del Ejecutivo autonómico después del verano. Así, González repartió los contratos según los distintos departamentos de su surrealista gabinete: “Agricultura, Ganadería, Pesca, Aguas, Obras Públicas y Transporte; “Justicia, Presupuesto, Empleo ©, Viviendas © y Economía ©” (sic), etc. Había más carteras. Una, por ejemplo, de “Igualdad, Diversidad, Educación ©, Universidades y Colectivos LGTB y LGTBI ©.”
Con respecto a los cargos de consejeros, durante el contrato se hace alusión en varias ocasiones al convenio colectivo al que estos pueden acogerse. Un convenio colectivo que no existe.
Otro aspecto llamativo son los errores cometidos respecto a la formalidad del contrato, tratándose de supuestos consejeros que, como establece el Estatuto de Autonomía, son nombrados y cesados únicamente por el presidente del Gobierno, es decir, no son contratados a través del Ministerio de Empleo.
González cometió otro fallo en la supuesta redacción: identificar a la administración regional con un CIF erróneo. Los entes locales comienzan con una P mayúscula, por ejemplo, mientras que la administración autonómica lo hace con una S. No obstante, la numeración que aparece en los contratos es B-3885436. Esa letra inicial corresponde a Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Además, hay otro elemento que puede llevar a cometer un presunto delito por parte de Santiago González: la suplantación de identidad de la abogada que supuestamente redactó esos contratos. DAUTE DIGITAL se ha puesto en contacto con ella pero asegura no tener constancia, ni siquiera, de la existencia de Santiago González. De momento, prefiere estar en el anonimato.
